El 21 de enero, el Gobierno presentó un proyecto de ley sobre delitos ambientales, que busca ser un instrumento preventivo y disuasivo de conductas que produzcan daños graves al medio ambiente, complementando así la normativa vigente en materia ambiental.
Entre otros aspectos, el proyecto propone fortalecer el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y promover la aplicación de modelos de control y prevención de este tipo de delitos al interior de las empresas, pero también establece multas, que van de los $24,2 millones a los $48,3 millones, y penas de cárcel, de 61 días a 5 años, a personas y compañías que incurran en estos hechos.
En el proyecto, además, se definen dos nuevos delitos que no estaban tipificados: obstrucción a la fiscalización de la SMA y la entrega de información falsa al organismo fiscalizador.
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